En el Derecho Procesal Penal, el Principio de Oficialidad determina que la acción penal está en la cabeza del Estado, porque todo ilícito afecta a la comunidad en su conjunto. Esa cabeza del Estado es el Ministerio Público Fiscal, que investiga todos los delitos, justamente porque lesionan a toda la sociedad. La acción es de los fiscales. Y esa acción se puede iniciar de oficio. Y una vez iniciada no se puede suspender ni interrumpir ni hacer cesar.

La reforma del proceso penal que impulsó la Corte tucumana mediante el resistido Plan Piloto, precisamente, buscó -y busca- sustituir el Principio de Oficialidad por el Principio de Oportunidad. Léase, que los miembros del Ministerio Público Fiscal, en lugar de investigar todos los ilícitos, determinen cuáles merecen ser indagados. Y cuáles no.

Es una discusión medular y trascendente. Pero en Tucumán, a pesar de la reciente creación de una comisión interpoderes para analizar esos cambios, ese debate es casi una antigüedad. Prácticamente, una abstracción. Porque aquí ya se aplica el Principio de Oportunidad. Claro que no de manera oficial, pero sí de modo evidente. Aquí, al poder político no se lo investiga. El Ministerio Público Fiscal parece juzgar que nunca es buen momento para indagar a funcionarios públicos. Es más, han abrogado de hecho el instituto de la "actuación de oficio". Pese al agravante de que en el delito de acción pública, el afectado es el Estado. La "Causa DAU -Dirección de Arquitectura y Urbanismo-", surgida en agosto de 2012 de la denuncia que originalmente plantearon los legisladores radicales Silvia Elías de Pérez y Ariel García -compartían bloque-, prueba que para las fiscalías tucumanas siempre es inoportuno exigirle cuentas al poder.

¿Yo, señor? No, señor...

LA GACETA investigó y profundizó el escándalo de las constructoras fantasma, que tenían por titulares a choripaneros o empleadas domésticas. Empresas inexistentes cuyos domicilios eran iglesias o baldíos. Compañías espectrales que le facturaron millones al Estado. A la par de la pesquisa periodística y de la denuncia opositora, el Ministerio Público no hizo nada. Y a mediados de este año, Elías de Pérez tronó ante el jefe de los fiscales, Luis De Mitri, y reclamó que la fiscala Adriana Reinoso Cuello no hubiese hecho avanzar la causa.

Así que la fiscala se inhibió a principios de junio -adujo violencia moral- y envió la causa en compensación a Washington Navarro Dávila, que rechazó el expediente. Por lo que Reinoso Cuello volvió a inhibirse ("para tranquilidad de la legisladora", dijo) y remitió todo a Alfredo Suasnábar.

Él también intentó desembarazarse del asunto.

¿Amigos son los amigos?

El 2 de julio, Suasnábar introdujo una causal propia para inhibirse en la "Causa DAU": dijo tener "amistad manifiesta" (sic) con Miguel Brito, el denunciado ex titular de la DAU que dimitió hace un año, luego del escándalo por supuestos sobreprecios en la iluminación para Casa de Gobierno. Es curioso: el mismo Suasnábar sí intervino en la causa "Olarte José Andrés, Díaz Ángel Esteban y Fregenal Armando Rodolfo s/ tentativa de robo", en la cual la víctima es el mismo Miguel Brito, que hoy sigue en el alperovichismo, ahora desde el Senado.

Que el peloteo entre fiscales se diera durante junio y julio no es una circunstancia menor. Pero eso se conoce ahora. Resulta que, con fecha 3 de mayo, el Tribunal de Cuentas elevó los resultados de su auditoría sobre las obras de la DAU. Esta columna accedió a ese informe, cuya síntesis sería: de 554 obras, auditaron 422, y detectaron irregularidades en 86. O sea, el 20%. Uno de cada cinco casos. A partir de ese informe que ahora sale a la luz -pero que, evidentemente, no era desconocido- la "Causa DAU" ya no era incómoda, sino insoportable.

No se ven, pero se pagan

Lo peor llega con los detalles.

• Plaza pasaje Olleros - Barrio SEOC - Reacondicionamiento general. Se adjudica la provisión de materiales por $ 52.000. Hay factura y orden de pago. "Se concluye, con la documentación del expediente y nueva visita el 4 de febrero de 2013, que la obra no fue ejecutada", dice la auditoría. 

En este y todos los casos hubo contratación directa. Que la Constitución prefiera la licitación pública y que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción exija "sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de toma de decisiones, eficaces para prevenir la corrupción", es puro capricho... 

• Recuperación espacio verde barrio Mutual Policial. Hay una factura de una pinturería por $ 1.600, y otra de una casa de materiales eléctricos por $ 7.000, pero no de los $ 27.000 adjudicados DC Construcciones, que según informa la Dirección de Personas Jurídicas del 5 de octubre de 2012, "no figura inscripta". "Habiendo recorrido los espacios verdes del barrio no se advierten obras que pudiere haber ejecutado la DAU". 

• Recuperación del complejo deportivo Unión Muñecas - Emilio Castelar esq. Bulnes 3.300.Se destinan $ 79.000. Facturaron los trabajos en septiembre de 2009. "La obra no fue ejecutada".

• Espacios verdes barrio Mutual Policial. El 27 de agosto de 2009 fueron facturados $ 20.000. "La obra no fue ejecutada". 

• Colocación de rampas prefabricadas para discapacitados en obras de cordón cuneta - Zona 1 y 2. En febrero de 2011 se facturan los items "materiales" y "servicios" por $ 123.000. "Las rampas para discapacitados no fueron colocadas". 

• Mini complejo deportivo México 4.200 - Barrio Congreso. Hay una orden de pago por $ 10.000. "No ejecutado". • Refacción escuela Nuestra Señora del Valle (Cruz Alta). "No existe obra alguna. La escuela se encuentra en estado deplorable, con aulas sin techo".

• Pista de Salud Ruta 301 - Lules. Tesorería de la Provincia pagó $ 27.000. "No ejecutado".

• Escuela Taller San Cayetano - Los Zazos. El 30 de marzo de 2010, Tesorería de la Provincia canceló $ 26.000 por provisión de materiales. "Es una Escuela para chicos discapacitados. Según testimonio de la maestra, una asociación de estudiantes de arquitectura de Francia realizó, a modo de pasantía, un salón taller y una casilla, que consta de baño y cocina. Ellos mismos aportaron materiales y mano de obra".

• Plaza Pje. Montserrat 2.400. "La plaza no existe. Se solicitó el expediente a la DAU, pero informó que no puede ser encontrado". 

• Mejoramiento de espacios verdes - Barrio Omodeo - Monteros. La DAU adjudica la provisión de materiales a tres firmas por $ 83.000. "Nada de lo declarado en el expediente como incorporadado a la plazoleta fue realizado".

• Iluminación La Florida - Los Puestos. La obra se adjudica por $ 98.000. Hay orden de pago. "La obra no existe".

• Agua potable Escuela Técnica Trancas. Adjudicación directa y orden de pago por $ 82.000. "Según el director, los trabajos fueron realizados por el Ministerio de Educación y la SAT". Igual con la Red de Agua Potable para la Escuela Especial Trancas. Hay orden de pago por $ 43.000.

• Cloacas en San Martín y las Lanzas. Se pagaron $ 101.000. "Los vecinos no recuerdan que se efectuaran trabajos. No fue posible hallar indicios de la obra". 

• Plaza barrio Oeste II - Perú 4.300 y Plaza Güemes - Chacabuco 1.500. "En el lugar no se verifican trabajos". 

Y siguen los éxitos con el rubro obras no encontradas: "Revalorización plaza CGT". "Espacio verde barrio Independencia", "Veredas y muros Comisaría XIII", "Red de cloacas calle Alberto Rougés", "Cordón cuneta - Pasajes Gómez, Thames y Zavaleta", "Servicios de extracción de agua en pasaje 33 Orientales". "Recuperación plazoleta Aguas Corrientes", "Cloacas Paraguay 4.500", "Plaza Belgrano - Yerba Buena", "Plaza barrio Policial - Tafí Viejo", "Plaza barrio Los Apóstoles - Las Talitas"...

Nadie, nunca, nada

Frente a esta auditoría, ¿no hay nada que investigar? ¿Nada para hacer? ¿Nadie a quien citar? ¿Aunque más no fuere porque el primer llamado a indagatoria ("declaración como imputado", en el derecho provincial) tiene efectos interruptivos de la prescripción de una causa?

Claro que hay preguntas más complejas. Por ejemplo: desde la desaparición de la Fiscalía Anticorrupción de Esteban Jerez, ¿cuántas causas hay contra funcionarios públicos?

Una más: ¿por qué, si este escándalo es patrimonio de un solo organismo, el Ejecutivo, como poder del Estado, actúa en abierta complicidad? La Ley 3.623 fija que la Fiscalía de Estado puede constituirse en querellante en los delitos en que se encuentre afectado el patrimonio estatal. Sin embargo, no lo hace. Y al no haber querellante, al no haber "parte", no puede saberse qué pasa con esas causas. Dicho de otro modo, ¿alguien vio, alguna vez, el expediente de Funsal, ese oprobio de pagos autorizados a una fundación fantasma, suscritos por funcionarios afectos a perseguir a los autoconvocados de la salud, que sí son reales y sí hacen funcionar el sistema público?

La mentira es la verdad

También hay certezas. Y son pavorosas. Se resumen en que la selección de magistrados que lleva adelante el Ejecutivo tiene por objetivo, hoy, cuidar a los funcionarios y sólo a ellos. Y, mañana, cubrir la retirada. Por eso mismo, la reiterada e inmotivada prescripción al secretario judicial Carlos Chiqui López, ex secretario de la Fiscalía Anticorrupción, de idoneidad reincidente.

Todo tiene un límite

La "Causa DAU" cumple un año de soledad tribunalicia. Porque la superintendencia del Ministerio Público Fiscal se reduce a notificar a los fiscales que no pueden cerrar sus despachos por falta de agua. De hacer algo con el misterio de las obras perdidas de la DAU, ni una palabra. Igual que con los siete años en los que nada dijo de la "Causa Lebbos"...

Eso sí, cuando se difundieron las fotos de José Alperovich y Beatriz Rojkés arriba de un dromedario, Reinoso Cuello pidió el allanamiento de un comercio, obtuvo la medida y la concretó, todo en 24 horas. Es que todo tiene un límite. Podrá no haber indicios de obras públicas que figuran terminadas, y hasta ocurrirá que con la plata de los tucumanos se pagarán trabajos no ejecutados... ¿Pero tráfico de imágenes de mamíferos artiodáctilos? No. Eso sí que no. La legalidad va y viene. Pero los camellos son sagrados para los fiscales de Tucumán.